Revista of business and entrepreneurial studies

Algunos comentarios sobre la intervenci�n del Estado en la vida de los ciudadanos. Casos concretos en Venezuela

 

Comments on state intervention in the lives of citizens - Specific cases in Venezuela

 

Silvio Jos� Castellanos Herrera*

 

RESUMEN

El Estado como creaci�n del hombre, pretende organizar su vida gregaria. Por eso, como hecho sociol�gico, no se trata de un producto casual, ni de una agregaci�n inercial de comunidades humanas, sino de una iniciativa grupal tendente a salir de una situaci�n desestructurada, que atentaba contra la propia especie. Pretende entonces este ensayo, ilustrar sin agotar el tema, c�mo desde las diferentes perspectivas de conformaci�n de un Estado y partiendo de la base de que est� integrado por la cuarteta, �poblaci�n � gobierno � territorio � ordenamiento jur�dico�, en ocasiones, puede convertirse en un aparato que atenta contra el desider�tum de la existencia humana, como lo es el logro de la �felicidad�. Mostraremos entonces, algunos ejemplos reales que concretan un ox�moron, cuando esta Instituci�n, siendo un instrumento para el logro del bienestar com�n, en su accionar, viola derechos humanos fundamentales y contrar�a sus bases esenciales previstas en una constituci�n.

Palabras clave: Estado, gobierno, territorio, poblaci�n, ordenamiento jur�dico, constituci�n.

ABSTRACT

The State as a man's creation, intends to organize his gregarious life.  For this reason, as a sociological fact, it is not a coincidental product, nor an inertial aggregation of human communities, but rather a group initiative aimed at emerging from an unstructured situation that threatened the species itself.  Therefore, this essay aims to illustrate, without exhausting the subject, how, from the different perspectives of the formation of a State and based on the

 

fact that it is made up of the quatrain, �population - government - territory - legal order�, it can sometimes become an apparatus that threatens the desideratum of human existence, such as the achievement of �happiness�.  We will show, then, some real examples that concretize an oxymoron, when this Institution, being an instrument for the achievement of common well-being, in its actions, violates fundamental human rights and contradicts its essential bases provided in a constitution.

Key words: State, government, territory, population, legal system, constitution.

 

INTRODUCCI�N

Aunque es el Estado una creaci�n del hombre, sus formas o aproximaciones son casi tan antiguas como �l mismo.� En este sentido expresaba Arist�teles (Pol�tica. Libro Primero Cap. I) que, una asociaci�n de familias hace un pueblo y la asociaci�n de muchos pueblos constituye un Estado que llega a bastarse a s� mismo, teniendo por origen las necesidades de la vida y debiendo su subsistencia al hecho de ser �stas satisfechas.

Pero siendo una invenci�n que, presuntamente viene a armonizar el desenvolvimiento de los individuos que integran una naci�n, en muchas ocasiones� la forma que este adopta y los poderes de que se inviste a un subgrupo de la poblaci�n llamado gobierno, tambi�n integrante del Estado, se vuelve en contra de las mismas personas que lo crearon, obstaculizando la consecuci�n del bien m�s preciado por el ser humano que es la �felicidad�, expresada esta, en t�rminos de Arist�teles, como una vida una vida venturosa dichosa y de comportamiento correcto en el contexto de las virtudes fundamentales, justicia, templanza, prudencia y sabidur�a, coadyuvadas en ocasiones por la prosperidad y el placer (Arist�teles. �tica Nicomaquea. Libro I).� Dicho de otra forma, en ciertas circunstancias, el gobierno se convierte en un monstruo dif�cil de controlar por el mismo ser que le dio vida.

Pretendemos entonces en este trabajo, a trav�s del pensamiento de importantes exponentes, exponer una s�ntesis de las maneras en que esa invenci�n de los hombres se manifiesta, o interviene en la vida cotidiana, para luego, tomando como gu�a la constituci�n de la Rep�blica Bolivariana de Venezuela y algunos ejemplos legales espec�ficos, verificar la concreci�n de la perjudicial intervenci�n gubernamental, en las libertades y derechos de los ciudadanos.

 

MATERIALES Y M�TODOS

Sin �nimo de analizar o profundizar sobre la Teor�a del Estado, partiremos de manera sencilla de la noci�n que integra como elementos fundamentales de este, a un conjunto numeroso de personas agrupadas en familias llamado poblaci�n, en un territorio, con una organizaci�n particular, que el colectivo crea de manera convencional, con poderes de acci�n, mando y coerci�n, denominada Poder o Gobierno (Dom�nguez 1979 p.20, 30 y 39).� Sin embargo, tambi�n hablaremos de Estado refiri�ndonos al cuerpo pol�tico cuya actividad se centra en la creaci�n, aplicaci�n y mantenimiento de la ley, el fomento del bienestar com�n, la garant�a del orden a todo nivel y la administraci�n de los asuntos p�blicos (Maritain 1952 p. 25).

Nos parece obligatorio, por otro lado, hacer menci�n de que la forma m�s sencilla de ilustrar a un Estado, no puede desde�ar el elemento fundamental de la cohesi�n humana como lo es la familia, esencia �sta que se manifiesta, seg�n Engels (1884 p.7-13), de maneras diferente en las tres grandes etapas del desarrollo de nuestra especie:� el salvajismo, la barbarie y la civilizaci�n.� Aclaramos entonces que, es en la etapa de la civilizaci�n correspondiente a la familia monog�mica �civilizaci�n-, donde esta se torna en el n�cleo alrededor del cual fueron concret�ndose paulatinamente la sociedad y el Estado, seg�n la mayor�a de los trabajos elaborados al respecto (Engels 1884 p.88).

En efecto, la familia consangu�nea �salvajismo-, caracterizada por el hecho de que Hermanos y primos en todos los grados, son todos ellos entre s� hermanos y hermanas, por ende, maridos y mujeres unos de otros y la familia punal�a �barbarie- en la que un grupo de hermanas carnales eran mujeres comunes de sus maridos comunes, de los cuales quedaban excluidos sus propios hermanos, hac�a imposible el control de relaciones sociales que pudiera devenir en la creaci�n de un Estado (Engels 1884 p.23).

Luego, independientemente de la asociaci�n familiar que el hombre adopt� en su evoluci�n social, considera Arist�teles (Pol�tica. Libro Primero. Cap�tulo I), que el ser humano es por naturaleza bueno y sociable y que nace como una especie de t�bula rasa en la cual nada hay escrito, por lo que su caracter�stica gregaria genera de manera natural al Estado, siendo este �ltimo como consecuencia, una entidad natural. A esto se opone contundentemente Hobbes (1966 p.56) cuando nos habla que el hombre se encentraba en un estado de naturaleza en la que esta le dio el derecho de utilizar sus fuerzas para tomar todo cuanto pudiera independientemente de los otros seres humanos, cre�ndose de esta forma la �guerra de todos contra todos�; esto as�, y a la v�spera de una desaparici�n de la especie humana, se vio obligado a renunciar a la libertad total, pactando sobre ese derecho sobre todas las cosas.

Como derivaci�n, establece Hobbes (1966 p. 64-66) que la uni�n de los hombres para disfrutar de compa��a mutua no es una resultante de su naturaleza, sino de las circunstancias que provienen del medio ambiente; que el hombre no ama originariamente a todos los hombres sino porque le conviene juntarse con aquellos, que de una u otra manera le ofrecen ventajas.� As� se asocia voluntariamente no por azar o por dictados del ambiente sino por conveniencia.

La visi�n rom�ntica de Arist�teles (Pol�tica. Libro Primero. Cap. I), implica una concepci�n del origen social del hombre, asociada al devenir del medio ambiente al considerar que el Estado proviene de la naturaleza, por lo tanto, un hecho natural, cuya finalidad o telos no es m�s que la felicidad del hombre en su desider�tum de sociabilidad.

En cambio, Rand (2006 p.82) al igual que Hobbes, ve como inherente al individuo la vanidad, el ego�smo, la agresi�n, el ansia de dominaci�n y en general las pasiones, implicando entonces que el dominio de estas caracter�sticas no se debe a una evoluci�n espiritual sino exclusivamente a un asunto de supervivencia personal y familiar; s�lo as� puede explicarse la existencia de abundantes comunidades que no se sustentan en el amor mutuo sino en el miedo rec�proco, en la intenci�n bidireccional de hacerse da�o, gener�ndose� as� entonces el Estado, como forma de cuidarnos de nosotros mismos, de administrar nuestro ego�smo.

Tambi�n Mira y L�pez (1986 p.10 y 11) coincide con el planteamiento de Hobbes, pero desde el punto de vista psicol�gico, cuando dice que las emociones nacen con el ser humano y que son esencialmente el miedo, la ira y el afecto o amor, gigantes estos que ha tenido que moderar a fin de poder convertirse por fuerza, en un �homos sociales�. Esta graduaci�n emocional imprescindible para la supervivencia, es lo que ha hecho que el hombre, en contra de su naturaleza, se agrupe y se someta de manera consensual a normas, costumbres, obligaciones, c�digos, y mandamientos, entre otros aspectos m�s o menos coactivos. La sumisi�n constituye entonces, una cuarta fuerza, no cong�nita, no emocional, que de una manera u otra se aprende y apacigua las anteriores, denominada deber, el cuarto gigante.

Los tres primeros gigantes con sus derivaciones y en especial el miedo mutuo, con la voluntad general de perjudicar a los dem�s, generaron el derecho natural, que caracteriza Hobbes (1966 p. 64-70) de la siguiente forma:

1.            La naturaleza ofreci� a cada ser humano el derecho a todas las cosas, en otras palabras, le permiti� al hombre realizar cuanto acto quisiera y en contra de cualquier, as� como usar y disfrutar lo que quisiera y pudiese en su provecho.� As�, el derecho a todas las cosas supone que tanto los que atacan como los que se defienden act�an leg�timamente, a la luz de su obligaci�n a defender su cuerpo y su vida.�� Infiri�ndose entonces que es la utilidad la forma de medir el derecho en el estado natural.

2.            Todo hombre buscar� lo bueno para �l y evitar� lo malo y en virtud de su conservaci�n, proteger� cuanto pueda su vida y su integridad f�sica, y al efecto, realizar� en todos los actos necesarios y utilizar� todos los medios a su alcance.���

3.            Todos los hombres desean la misma cosa y la tomar� sencillamente el m�s fuerte, en consecuencia.

Pero ser�a insostenible esta situaci�n, puesto que el estado de guerra generado ir�a en contra del mismo mantenimiento de la vida y de la integridad corporal.� Consecuencialmente, esta conducta ser�a contraria a la raz�n y no abandonar entonces el derecho a todas las cosas supondr�a una contradicci�n existencial.

Para Locke (1990 p.36), apart�ndose del pensamiento de Hobbes, el estado de guerra se distingue del estado de la naturaleza.�� este �ltimo, el hombre estaba en perfecta libertad e igualdad, aclarando que, aunque en el estado de la naturaleza la libertad es absoluta, est� dirigida por una ley natural que obliga a todos como lo es la raz�n, implantada en el ser humano por un hacedor omnipotente, que ense�a a todos no perjudicar a los dem�s en el sentido m�s amplio, dando as� un voto de confianza al ser humano. Sin embargo, acept� que, a pesar de la divinidad de la raz�n, era posible la transgresi�n de la ley natural.

Otra diferencia que desmarc� a Locke (1990 p.220) de Hobbes, fue el derecho de rebeli�n defendido por Locke como preservaci�n de las arbitrariedades de un gobierno que se apartase de su fin de mantener la paz y la seguridad de todos.�� Sobre este particular asentaba Hobbes (1966 p.125 ss), que el gobierno una vez investido, puede ejercer su poder como mejor le parezca y en caso de que se desv�e de su objetivo natural, no existe forma de derrocarlo; su conducta irresponsable siempre ser� mejor que una vuelta al estado originario de guerra entre todos.

Vemos entonces que este derecho de �guerra de todos contra todos�, indujo el l�gico e inescapable camino para el hombre de asociarse para el logro de la seguridad que otorga la paz.� Es la comprensi�n por parte del ser humano de que la agresi�n hacia su cong�nere, puede ser tan letal como el ataque reactivo de su posible v�ctima.

Consideramos entonces, sintetizando a Arist�teles, a Hobbes y a Locke, que el relatado temor, la naturaleza buena del hombre y la finalidad de la felicidad, impulsaron a las familias a agruparse, juntar sus fuerzas, disipar sus diferencias de opiniones, establecer objetivos comunes para el logro de beneficios, prestarse ayuda mutua y crear alg�n mecanismo que permitiera alcanzar estas finalidades.� Surgi� as� el imperativo de la creaci�n de normas y del abandono del derecho a todo, para que un subconjunto humano �gobierno-, con poder soberano y coactivo, hiciera cumplir las reglas, velara por la seguridad de los mancomunados para el mantenimiento del orden interno del grupo cedente y en general por el bien com�n, con el compromiso de no oponerse a las decisiones del cesionario.� Nacieron entonces, las condiciones necesarias para la creaci�n de todas las formas de asociaci�n humana que condujeron al nacimiento del �Estado�.�

Ya el problema no fue entonces el abandono del derecho natural, la creaci�n de normas de relaci�n social en todos los sentidos, la entrega de libertades total a favor de un gobierno con miras a la paz, ni la forma de ese gobierno sino, �cu�les libertades entregar? y �hasta d�nde debe llegar el gobierno en la aplicaci�n del poder soberano sin tergiversar el don de mando otorgado?

Estas interrogantes no nos desv�an de un an�lisis de las formas de gobierno expuestas por Plat�n (La Republica. VIII. 544c), Arist�teles, Hobbes u otros pensadores; m�s bien nos orientan hacia la medida de la cesi�n y la medida de la intervenci�n del gobierno en el marco de sus funciones principales. Por ejemplo, una medida extrema de intervenci�n del Estado en la libertad del individuo la propone Plat�n cuando manifiesta en la visualizaci�n del Estado ideal, que la vida de los ciudadanos debe desenvolverse solo en funci�n de los objetivos y finalidades de la ciudad.�

Esos particulares, los trae a colaci�n Popper (1944 p.88) citando a Plat�n en un fragmento de �La Rep�blica�, donde este �ltimo concibe un estado interventor y decisor hasta en los detalles m�s �ntimos de la din�mica de las familias, en favor del estado todo poderoso. A la saz�n el mismo Popper (1944 p.157) allana� el planteamiento extremo de Plat�n estableciendo las bases de la �Planificaci�n Estrat�gica Corporativa�, afianz�ndose en un enfoque teleol�gico que tiene buen asidero en el finalismo aristot�lico.

En este contexto, la cesi�n de los derechos se presenta como una especie de pacto con dos dimensiones; la primera referida al compromiso entre los hombres entre s� en cuanto a renunciar a muchas de las libertades que antes se ten�an en el estado natural y la segunda relativa al respeto incondicional de las normas elaboradas e implantadas por el conjunto de personas designadas para ese fin, conjunto este denominado gobierno.

Surge entonces la incertidumbre de �C�mo debe actuar ese gobierno de tal forma que preserve al Estado y no afecte la esfera personal e �ntima de los individuos?� �Cu�les deben ser los l�mites del gobierno?� Esto depender� entonces del concepto que se adopte acerca de El Estado.� Desde nuestra �ptica, en Plat�n la finalidad del Estado anula la voluntad individual, concepci�n �sta que se observa tambi�n superada en Arist�teles, su disc�pulo.� Sin embargo, en la democracia Ateniense es la mayor�a quien decide con su voto el camino del Estado, a partir de las reformas de Cl�stenes (Engels 1884 p.104 ss).� Pero siendo la mayor�a quien ejerce el poder, la pregunta sigue siendo la misma: �cu�l debe ser el l�mite de su intervenci�n en la vida civil?� Pareciera entonces que nos enfrentamos a la contenci�n democracia-liberalismo.

Rousseau (1743 Libro Segundo. Cap�tulo IV), aunque se desenvuelve en su �poca en un ambiente liberal, formula su teor�a democr�tica con respuestas estrictamente antiliberales atacando fuertemente el enfoque hobbesiano destruyendo su tesis de que el tirano ofrece siempre a sus s�bditos la tranquilidad civil.� Propone un modelo de Estado en el que los ciudadanos nunca deben delegar su soberan�a y aunque parezca imposible, deben resolver sus problemas en reuniones generales de tal forma que, si existe una intromisi�n del Estado en sus asuntos personales, la decidieron ellos mismos. En efecto, la diferencia radical entre Rousseau y los estudiosos liberales, es que para el primero la soberan�a reside en el pueblo y este no debe nunca delegarla a representante alguno; el pueblo debe hacer sus leyes y el gobierno s�lo es un ejecutante que adicionalmente administra y debe entregar cuentas con las consecuencias determinadas.�

Vemos claramente que priva siempre en Rousseauniana lo colectivo, lo popular, el bienestar general por encima de lo individual, acerc�ndose siempre con sus concepciones a la Ciudad-Estado absoluta de Plat�n (Villaverde 1988 p.29). Vio Rousseau (1743) en los particulares un deber de conformidad y resignaci�n en cuanto a la intervenci�n del Estado en sus asuntos cuando dice que por muy absoluto que sea: �� no excede ni puede exceder los l�mites de las convenciones generales, y que todo hombre puede disponer planamente de lo que, en virtud de esas convenciones, le han dejado de sus bienes y de su libertad.� Debe el hombre, seg�n Rousseau, aceptar la intervenci�n total en su vida particular si as� fuere decidido de manera convencional por una mayor�a o por el pueblo.

Por otro lado, los liberales basan su teor�a en la divisi�n de poderes, en la representaci�n, en la idea de que la finalidad del Estado no es otra que proteger los derechos naturales de los individuos y en particular su propiedad privada (Locke 1990 p.36 ss), lo que supone un freno a cualquier filosof�a que pretenda imponer el poder pol�tico a los derechos individuales a favor de los derechos generales (Ortega y Gasset 1954 p.424 ss). Surge de manera natural entonces, la pugna pol�tico-filos�fica democracia vs liberalismo, que como se�alar�a mucho m�s adelante Ortega y Gasset, responden a dos cuestiones completamente distintas (Radbruch 1952 p.84ss y Garc�a-Pelayo 1953 p.198-204). Observamos entonces que estas diferencias pueden sintetizarse en los siguientes puntos:

a)            El liberalismo parte del reconocimiento de unos derechos humanos preestatales, que el Poder p�blico no crea, sino que reconoce y protege y que se expresan en la parte dogm�tica de las Constituciones.� En la democracia la libertad preestatal de los hombres es puesta a la disposici�n de la voluntad del Estado recibiendo, como compensaci�n, una participaci�n en la formaci�n de esa voluntad general.

b)            El liberalismo supone la divisi�n de poderes como medio de evitar que uno de ellos se convierta en absoluto.� La democracia se opone a tal divisi�n.

c)            El liberalismo exige que la voluntad de la minor�a encuentre salvaguardados sus derechos; la democracia exige que la voluntad de la minor�a se someta, sin l�mites, a la mayor�a.

d)            El liberalismo imputa al individuo un valor supremo.� La democracia un valor limitado.

e)            En el liberalismo la libertad prima sobre la igualdad.� En la democracia ocurre lo contrario.

En este ambiente intelectual preocupaba a Benjam�n Constant (1837), al igual que a otros liberales del siglo XIX (Tocqueville y John Stuart Mill) lo abultado del Poder P�blico y las garant�as de las libertades individuales frente al Estado, por lo que conceb�a que el problema no es la forma de gobierno sino el poder de ese gobierno y su penetraci�n en la esfera de los derechos individuales, as� lo hiciera por consenso de la mayor�a.� Aseguraba Constant que la libertad a conseguir, es la libertad de la sociedad civil frente al Estado, a fin de no sucumbir ante la tentaci�n de una libertad colectiva en detrimento de un �goce tranquilo de la independencia privada� y en la �libertad civil� frente al Estado, es decir evitar a toda costa �la sujeci�n completa del individuo a la autoridad del conjunto� (Rey. 1984 p.4 y 5).�

N�tese en Constant (1837), su preocupaci�n por la mal concebida soberan�a del pueblo.� Sobre esta entend�a que debe ser limitada, porque �cuando se establece que la soberan�a del pueblo es ilimitada, se crea o se arroja al azar en la sociedad humana un grado de poder demasiado grande por s� mismo, y que es un mal cualesquiera sean las manos en que est� emplazado�. Como consecuencia, contin�a Constant, la soberan�a debe frenarse donde comienza la vida individual y no debe obnubilarnos la idea de libertad mal manejada por Rousseau en su Contrato Social, en donde se plantea esta como la sujeci�n completa de los ciudadanos sin contemplaciones, a la comunidad; esta �ltima al poderlo todo, establece una peligrosidad superior a la de un gobierno desp�tico.� Pero plantea el pensador como soluci�n a esta tentaci�n, la l�gica salida de implantar instituciones estatales denominadas poderes, diferenciados, con �mbitos de acci�n limitados e independientes, a fin de quitar de las manos del pueblo el control de las libertades de opini�n, de religi�n, de legislaci�n, de jurisdicci�n y de administraci�n.

En esta l�nea, compartimos con Constant (1819) su claro concepto de �libertad� apegado al liberalismo, proclam�ndolo como el triunfo de lo individual sobre la autoridad que querr�a gobernar desp�ticamente as� como tambi�n sobre las masas que podr�an arrogarse la potestad de subyugar a la minor�a por la mayor�a (Constant 1829).

En la misma l�nea de Constant (1837) y casualmente en la misma �poca, Von Humboldt (1792 p.14) desarrolla el liberalismo a partir de su �ptica acerca del fin �ltimo del hombre, explicando que �ste� -el fin-, es esencialmente, con base en la raz�n, la m�s elevada y proporcionada formaci�n posible de sus fuerzas como un todo, siempre y cuando existan como presupuesto la libertad y las condiciones necesarias para el desarrollo del individuo, sin interferencia alguna en cuanto a educaci�n -a ser decidida de manera privada por los ciudadanos-, religi�n y� costumbres. Ahora bien, esta libertad la concibe Von Humboldt (1792) en funci�n de los l�mites de la acci�n del Estado, y promueve que la misma debe sujetarse, seg�n �l, a dos asuntos fundamentales: 1) la protecci�n de los individuos en cuanto a dirimir sus diferencias a trav�s de un aparato judicial robusto, haciendo aplicar sus decisiones con efectiva coacci�n y 2) al mantenimiento de la seguridad tanto frente a los agresores externos como a los perturbadores internos.

Por eso expresa que, si el Estado se preocupa por crear las condiciones para el desarrollo de la raz�n y de la personalidad de los individuos a trav�s del fomento de la libertad, no es necesaria la implantaci�n de medidas estimuladoras de la agricultura, el arte, el comercio, las importaciones o exportaciones o en fin de cualquier actividad, puesto que de manera natural aflorar� en el ciudadano como consecuencia de su evoluci�n individual y de su libertad.� Una actitud en contrario ser�a dirigir al pueblo a una dependencia perjudicial para su desenvolvimiento positivo.� Por esto distingue Von Humboldt (1792 p.21-24) dos tipos de instituciones:�� las nacionales y las estatales.� Las primeras nacen como resultado de la actividad creadora de los hombres y las segundas como consecuencia de la funci�n del estado de protecci�n interna, externa y de jurisdicci�n.���

Pr�cticamente en la misma direcci�n de Constant (1819) y Von Humboldt (1792),� John Stuart Mill (1965 p.45) reafirma las tesis de sus antecesores pero centrando su atenci�n, a trav�s de su ensayo �Sobre la Libertad�, en la limitaci�n de la acci�n del Estado sobre los asuntos privados de los individuos, suscribiendo la actividad gubernamental s�lo a la protecci�n de los ciudadanos cuando la conducta de algunos en particular puede afectar los intereses de otro u otros, como consecuencia del abuso de la libertad otorgada.� En este caso, asegura Stuart Mill (1965), que El Estado a trav�s de la ley protege a los miembros afectados de la poblaci�n.� Creemos por lo tanto que, el �nico comportamiento del que el hombre es responsable ante el estado, es aquel que implica su relaci�n con la sociedad. En lo que solo concierne a �l mismo, su independencia debe ser absoluta.� Todo individuo es soberano sobre s� mismo, as� como sobre su cuerpo y su mente.

Inferimos entonces que uno de los puntales de su teor�a es que todo ciudadano debe ser libre en su actuar sin restricciones siempre y cuando no perjudique a ning�n otro o los integrantes de la comunidad no tengan ning�n inter�s en su accionar, es decir despliegue una conducta con relaci�n a si mismo.� Sin embargo, es partidario el autor in comento de controlar algunos asuntos que, aunque no perjudican a otro, infligen heridas al sentimiento moral y �tico de la sociedad, tales como la embriaguez, la prostituci�n, la venta de s� mismo como esclavo, la falta de educaci�n adecuada a los ni�os en un hogar o el matrimonio entre personas que no tienen la forma de levantar una familia.�

Hace tambi�n �nfasis Stuar Mill (1965) en la inaceptable intervenci�n del gobierno en la libertad de pensamiento y de opini�n, basando su enfoque en los siguientes puntos:

1.            La supresi�n de la opini�n puede destruir la verdad; nadie es infalible, y una opini�n poco convencional puede resultar cierta.

2.            Aun cuando una opini�n sea falsa, fomenta la verdad mediante la refutaci�n del error; las creencias que no se basan en opiniones razonadas, no se aceptan con la firmeza suficiente para que sirvan de gu�a a la conducta humana.�

3.            Ninguna opini�n es completamente cierta o falsa; la opini�n poco convencional puede ser �til, porque contiene una porci�n de verdad.� La autoridad colectiva no debe limitar la libertad de pensamiento y de opini�n. (Stuart Mill 1965 p.55 ss)

Finalmente, Stuart Mill (1965) redondea sus ideas encuadr�ndose con Constant, en el sentido de que ni siquiera la educaci�n debe ser un campo en el que el Estado deba participar, ya que la misma se convertir�a en un medio para hacer que todo el mundo pensase igual, con el riesgo de que transmita el gobierno s�lo su filosof�a.

RESULTADOS

Iniciaremos este aparte esbozando algunas precisiones.� Se considera un Estado de Derecho aqu�l cuyo contenido esencial comprende fundamentalmente:� a) �rganos sometidos a normas jur�dicas; b) soberan�a de la ley; 3) garant�a de las libertades y derechos individuales; 4) certeza jur�dica; 4) independencia de poderes, y 5) participaci�n de los ciudadanos en en las decisiones directamente o por representaci�n.� Asumimos como incluidas en la numeraci�n anterior el derecho a la propiedad y la necesidad de un sistema de mercado.� Observamos en las caracter�sticas referidas, una mixtura de esencias provenientes de la filosof�a liberal y de los enfoques contractualista y democr�tico.� A lo anterior, Garc�a Pelayo (1991) sobrepone el Estado Social como una superaci�n del Estado de Derecho, al comentar que el primero, ��s�lo la acci�n del Estado hecha posible por el desarrollo de las t�cnicas administrativas, econ�micas, de programaci�n de decisiones, etc., puede neutralizar los efectos disfuncionales de un desarrollo econ�mico y social no controlado�.�

Surge entonces como derivaci�n, el Estado Social de Derecho, cuya nota adicional es su intervenci�n como planificador, a fin de corregir las desviaciones del mercado, disminuir la desigualdad material, hacer m�s equitativa la distribuci�n del ingreso nacional, asegurar a la poblaci�n un conjunto de condiciones vitales m�nimas y garantizar a los ciudadanos el disfrute de los servicios fundamentales.���

Consideramos sin embargo, que resultar�a redundante introducir el calificativo democr�tico puesto que, las supuestas caracter�sticas adicionales al Estado Social de Derecho, como son: la soberan�a nacional, el pluralismo pol�tico, el derecho de igualdad ante la ley, el acceso a la representatividad y a los cargos p�blicos y la constitucionalizaci�n de los partidos pol�ticos y de las organizaciones sindicales y empresariales, se desprenden de manera obvia y natural de un Estado Social de Derecho.

Ahora bien, si a la luz de lo anterior, nos resulta innecesario adicionar a la expresi�n �Estado Social de Derecho�, el calificativo de Democr�tico, m�s a�n nos parece in�til agregar la frase �de Justicia�.� No queremos profundizar en esta expresi�n, solo diremos que es redundante. Hablando estrictamente desde el punto de vista racional, decir que un Estado puede ser de Derecho e Injusto ser�a un ox�moron, puesto que el ideal de justicia que una sociedad pueda plantearse en alg�n momento, con base en su moral, se concretar� en el derecho.� En otras palabras, el derecho no es otra cosa sino la v�a para llegar a la justicia, el derecho es el camino para cristalizar la justicia.� Vale decir, primero la sociedad se pregunt� en qu� consiste la justicia y luego cre� las normas para materializarla.

Esta obviedad se refleja claramente cuando se hace pr�cticamente imposible situar el Estado Democr�tico y Social de Derecho y de Justicia tanto en la Constituci�n de la Rep�blica Bolivariana de Venezuela (1999) �comenzando por su Exposici�n de Motivos-.[*]���

Salta a la vista la pregunta �cu�les de los aspectos relatados en el p�rrafo anterior no est�n incluidos en la ya redundante expresi�n Estado Democr�tico y Social de Derecho?� La trivialidad es protuberante.�

Sin raz�n alguna y de manera inaudita a nuestro parecer y en concordancia con Brewer Car�as (2000), se promueve un salto al vac�o que enfrenta la justicia a la legalidad, consagrado en el siguiente enunciado: �el Estado que tiende a garantizar la justicia por encima de la legalidad formal��.� En consonancia, acordamos con Delgado (2009) en que� Semejante modo de plantear la cuesti�n coloca el problema en un terreno completamente distinto, puesto que de lo que se tratar�a entonces no es s�lo de una nueva manera de expresar el concepto de Estado social de derecho, haciendo �nfasis en su inter�s por las clases m�s menesterosas, sino de algo por entero diferente, que hace necesario dirigir el an�lisis en otra perspectiva.�� Agregamos nosotros que, tal y como lo ha demostrado la experiencia en estos �ltimos a�os, se delata simplemente una forma de ignorar la ley y la Constituci�n con la excusa de que se est� favoreciendo al m�s desvalido, como lo demostraremos m�s adelante.

Esta conducta omisiva, contradictoria e inconstitucional, la descubre claramente Delgado (2009 p.163-172) cuando lleva a cabo un an�lisis detallado de las decisiones de la Sala Constitucional en las que se denotan sus vaivenes en cuanto a la independencia de poderes y en cuanto a su propia participaci�n por v�a de ama�ados razonamientos, que tratan de justificar su omnipotencia y omnipresencia en todas las ramificaciones del Estado, dent�ndose como muy grave que, �el Estado es concebido por la SC como un conjunto de valores, fines y principios, y no s�lo como una estructura institucional regida estrictamente por un sistema de reglas fijas y precisas en su significaci�n.�, lo cual refuerza a trav�s de su� Sentencia N� 1309 de fecha 19-07-2001, al expresar que la interpretaci�n constitucional no puede ser excusa para lesionar los valores que fundamentan el Estado� venezolano.�

Compartimos como corolario la incertidumbre de Delgado (2009) cuando se pregunta: ��cu�les son los valores, fines y principios que conforman la esencia del Estado y cuya violaci�n convierte a una ley en inconstitucional? �Se trata de los que hacen a la Rep�blica un Estado de derecho, los que determinan su condici�n de Estado social y democr�tico, o aquellos que permiten definirla como un Estado de justicia?�. De manera entendible, la Sala nunca se ha pronunciado ni se pronunciar� al respecto, puesto que su develada actitud le ha permitido promover la creaci�n de leyes inconstitucionales, con un comprensible silencio c�mplice que solo se explica, seg�n nuestro parecer, en la intenci�n de sustituir el Estado Social y democr�tico de Derecho por un Estado de justicia en los t�rminos de autores como Aranguren (1968 p.257) y D�az (1981 p.113-114), para quienes el Estado Social de Derecho, en virtud de su concepci�n neocapitalista, es incapaz de generar una verdadera socializaci�n de derechos pol�ticos y econ�micos, raz�n por la cual, debe ser sustituido con la finalidad de transitar de la democracia formal a una democracia real.

Un ejemplo concreto de la connivencia de la Sala Constitucional con la inconstitucional actividad del ejecutivo, lo representa el hecho de que, siendo una obligaci�n para el Estado, dispuesta en nuestra Carta Magna en el art�culo 112, la promoci�n de la iniciativa privada, el Presidente de la Rep�blica, la contrar�a flagrantemente cuando en cumplimiento de una sus atribuciones pautada en el numeral 18 del art�culo 236, elabora un �Plan de Desarrollo Nacional. Primer Plan Socialista� (2007 p.20-26) que tiene como uno de sus objetivos minimizar la actividad privada a favor del robustecimiento diversas formas de asociaci�n socioproductivas populares con una filosof�a totalmente contraria a la empresa capitalista.��

 

DISCUSI�N

Otro caso del confabulado encubrimiento de la Sala Constitucional hacia la actividad de la Asamblea Nacional, lo tenemos con la reciente promulgaci�n de la �Ley contra el desalojo y la desocupaci�n arbitraria de viviendas�.� En la misma, a nuestro parecer, se plasma una evidente confiscaci�n de la propiedad inmobiliaria cuando se le permite judicialmente a arrendatarios o usufructuarios de inmuebles destinados a viviendas bajo cualquier modalidad, apropiarse legalmente del inmueble, en detrimento de un leg�timo propietario.�� Esto se concreta en el hecho de que, para desalojar a un inquilino que no quiso pagar nunca m�s su alquiler, la ley implanta un procedimiento que pudiera desembocar en que el propietario jam�s recupere su propiedad.� Expliquemos a trav�s de un ejemplo ambientado en nuestra realidad venezolana:

1.            A se convierte en arrendatario de B.

2.            En un momento dado A, decide no pagar m�s arrendamiento.

3.            En virtud de lo establecido en la LEY CONTRA EL DESALOJO Y�� DESOCUPACI�N ARBITRARIA DE VIVIENDAS, B inicia el respectivo procedimiento administrativo.

4.            El funcionario cita a las partes en un lapso no mayor de 15 d�as h�biles, pero como el arrendatario manifest� no tener abogado, se suspende el procedimiento mientras el funcionario le informa a la Defensor�a especializada, para que esta asigne un abogado y comparezca.

5.            La Defensor�a del Pueblo asigna un abogado en un (1) mes.

6.            Se reinicia el procedimiento y fija la audiencia.

7.            De manera eficiente la audiencia se celebra dos (2) meses.

8.            El arrendatario no comparece y se fija otra audiencia dentro de 10 d�as.

9.            Si el arrendatario no asiste, el funcionario dicta su decisi�n

10.         Si el arrendatario asiste, en un lapso de 20 d�as h�biles se deben agotar todas las audiencias para llegar a una conciliaci�n.

11.         Si el arrendatario simplemente no quiere pagar, el funcionario actuante emitir� un acta protegi�ndolo de un desalojo y autoriza al arrendador para que proceda por v�a judicial, autorizaci�n esta estrictamente necesaria para poder habilitar la v�a judicial.

12.         Iniciado el procedimiento judicial, el arrendatario declara que no puede pagar los servicios de un abogado.

13.         El Juez de la causa detiene el procedimiento y oficia a la Defensor�a respectiva para que se le asigne un abogado al arrendatario.

14.         De manera eficiente la Defensor�a asigna un abogado defensor.� El cual en el caso de ser sustituido por cualquier causa generar� una nueva detenci�n del juicio para que se le asigne al arrendatario otro abogado (art�culo 11)

15.         Si el arrendatario pierde en primera instancia, dependiendo de la cuant�a, se habilita la segunda instancia en caso de apelaci�n.�

16.         Si el arrendatario pierde en segunda instancia, dependiendo de la cuant�a, puede ejercer el recurso de casaci�n.

17.         Si el arrendatario pierde en el TSJ, las actuaciones se enviar�n de nuevo a la Direcci�n de Inquilinato donde, en virtud del �ltimo p�rrafo del art�culo 13, �no se proceder� a la ejecuci�n forzosa sin que se garantice el destino habitacional de la parte afectada, por ser este un derecho de inter�s social e inherente a toda persona.�

18.         El arrendatario todav�a tiene el derecho de iniciar un procedimiento de revisi�n constitucional, el cual no tiene ning�n lapso previsto para dar respuesta al solicitante.

 

La tragedia para el arrendador aqu� relatada, no es una ficci�n ni un cuento de terror por m�s tortuoso que parezca, es la ley.� A todas estas, durante todo el proceso compuesto de 5 instancias (2 administrativas y 4 judiciales), el arrendatario no pag� el alquiler y en ninguna parte se habla de las indemnizaciones leg�timas del arrendador.� Por otra parte quienes ejercemos la� profesi�n de abogado, sabemos que en las partes del procedimiento en donde se garantiza la representaci�n judicial a favor del arrendatario por parte de la Defensor�a, el defensor puede renunciar varias veces como t�ctica dilatoria para detener el proceso mientras se le nombra otro defensor, y finalmente en el �ltimo p�rrafo del art�culo 13, en donde se especifica que no se proceder� con la ejecuci�n forzosa sin que al arrendatario no se le garantice un destino habitacional, nos preguntamos, �qui�n debe garantizar esa nueva vivienda? �cu�nto tiempo tomar� la Oficina de Inquilinato para buscar esa vivienda?� Sin temor a equivocarnos, y con propiedad en virtud de nuestra experiencia en el ejercicio profesional, opinamos que el procedimiento anterior, aunado a la reubicaci�n del arrendatario f�cilmente puede llevar 10 a�os.

No es necesario profundizar m�s sobre la aplicaci�n de la nefasta ley para darnos cuenta que, la deuda que puede acumular el arrendatario en perjuicio del arrendador, compuesta por mensualidades, intereses de mora e indexaci�n, honorarios de abogado y costas procesales en general, f�cilmente puede alcanzar el valor del inmueble sin que tenga posibilidad alguna el arrendador de recuperar ni un centavo de lo erogado.� Todo esto sin adicionar el da�o moral, desgaste psicol�gico y la imposibilidad de vender el inmueble.

Es a todas luces evidente que la ley fue dise�ada para que un arrendatario tuviera la posibilidad, en componenda con el Estado, de permanecer ad infinitum en un inmueble que no le pertenece sin que esto signifique ninguna erogaci�n para �l y con todo el da�o para el arrendador, como ya fue explicado, sin tomar en cuenta en absoluto las necesidades de este �ltimo.� �Qu� significa esto? Sencillamente un burdo arrebato de la propiedad privada sin l�mite de tiempo, a favor de otra persona, por intermedio de un procedimiento a todo evento inconstitucional, dado que incuestionablemente, viola el derecho de propiedad de los arrendadores, consagrado nuestra Carta Magna.� Pero lo peor de todo es que esta tr�gica ley que afecta a gran parte de la poblaci�n, cuenta con la aceptaci�n inaudita de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, manifestada con su insoportable silencio, con el presunto objetivo de salvaguardar el andamiaje de principios y valores contenidos en lo que la misma sala considera, retorcida e inexplicablemente el Estado Democr�tico y Social de Derecho y de Justicia.

De manera colateral, la ley in comento genera autom�ticamente una contracci�n casi total de la oferta de viviendas para alquiler por razones obvias, perjudicando as� a los ciudadanos que circunstancialmente no pueden comprar y que tienen que forzosamente alquilar.�� De igual forma estimula el incumplimiento de contratos por parte de arrendadores al claror de la fabulosa ventaja que le ofrece la ley.� Por otra parte, promueve las invasiones de viviendas vac�as al interpretarse que para desalojar a alguien que, tomando como bandera su derecho a la vivienda, ocupe a la fuerza una casa, anexo o apartamento, esperando que se le aplique el inveros�mil procedimiento.

Igual suerte correr�n los propietarios de apartamentos en un edificio bajo el r�gimen de propiedad horizontal, cuando la Junta de Condominio quiera desembarazarse de un(a) trabajador(a) residencial, en caso de que este �ltimo deba ser destituido por alguna causal que determine la finalizaci�n de la relaci�n laboral. A la saz�n la funesta �LEY ESPECIAL PARA LA DIGNIFICACI�N DE TRABAJADORAS Y TRABAJADORES RESIDENCIALES�, en la cual se dispone que, una vez calificado el despido por la Inspector�a del Trabajo y pagadas las prestaciones sociales, el (la) trabajador(a) residencial dispondr� de tres meses para buscar vivienda, pero, si acaso lo la encontrare o si hubiese alguna controversia por el inmueble con la Junta de Condominio, no se le podr� desalojar sin antes transitar la infausta ya referida y comentada �Ley contra el desalojo y desocupaci�n arbitraria de viviendas�. A nuestro entender, el(la) trabajador(a) residencial podr� estar ad infinitum en el inmueble, con el consecuencial perjuicio para todos los propietarios del edificio que, pr�cticamente perder�n la propiedad sobre la vivienda referida, adem�s de que no podr�n contratar a otro(a) trabajador(a) residencial.

Otro infortunado instrumento jur�dico que ataca contundentemente tanto a la propiedad privada como a los derechos de los ciudadanos es la �LEY ORG�NICA DE PRECIOS JUSTOS�, que seg�n Castellanos (2015), su promulgaci�n afecta el mercado y la cadena de producci�n, de tal forma que, la limitaci�n de los precios de venta, reducen notablemente los m�rgenes de ganancia, induciendo un cambio significativo en la variedad y calidad de bienes y servicios que impactan el derecho de los ciudadanos a la libre elecci�n, su calidad de vida, adem�s erigirse en un obst�culo en el progreso econ�mico y en la calidad de vida de los habitantes.

CONCLUSIONES

El hombre proviene de un estado natural en el que sus emociones le inducen a comportarse de manera ego�sta.� Como resultado tomaba sin contemplaciones lo que cre�a que era bueno para �l utilizando todas las condiciones que la naturaleza le ofrec�a, sin tomar en cuenta a los otros seres humanos. Es as� como el estado de naturaleza gener� una situaci�n de guerra general de todos contra todos, que atentaba contra la seguridad y tranquilidad del hombre. Por eso, el miedo que el hombre ten�a de los otros hombres, deriv� en la necesidad de asociaci�n entre los individuos, bien sea para tomar decisiones de manera mancomunada o para nombrar a un grupo que tomar�a las decisiones m�s convenientes para la comunidad, limitando de esta manera su libertad total a favor de la paz y la convivencia.�

Por otra parte, es claro que el problema fundamental que enfrent� la sociedad a trav�s de los tiempos, fue la graduaci�n de la participaci�n del Estado en los derechos y libertades individuales, plante�ndose entonces la oposici�n liberalismo-democracia, aunque de manera razonada se lleg� a una posici�n ecl�ctica denominada democracia liberal.

Creemos que la m�xima: �La �nica parte de la conducta de todo hombre de que es responsable ante la sociedad, es aquella que se relaciona con los dem�s.� En lo que s�lo concierne a �l mismo, su independencia debe ser absoluta.� Todo individuo es soberano sobre s� mismo, as� como sobre su cuerpo y su mente.�, presentada por Mill recoge la esencia del pensamiento liberal, contenido en Locke, Constant, Von Humboldt.

Fueron diversas las diferentes formas de gobierno creadas por los hombres a trav�s de los siglos.� La �ltima visi�n la representa la f�rmula: Estado Democr�tico y Social de Derecho y de Justicia que se concibe a partir de los conceptos pol�ticos, Democracia y Liberalismo.� Este complicado enfoque se exhibe como una evoluci�n que parte del Estado de Derecho y llega al Estado Social y Democr�tico de Derecho sin explicaciones convincentes acerca del salto hacia el Estado de Justicia.

A pesar de la decepcionante implementaci�n del ideario liberal presente en las constituciones desde 1811 hasta 1999, la esencia axiol�gica de valores, principios y derechos asociados a las libertades civiles y pol�ticas, tiene su fundamento en las ideas liberales y republicanas cultivadas en Europa y Am�rica, hasta arribar a las declaraciones y pactos atinentes a los Derechos Humanos en el siglo XX, suscritos por Venezuela y que hoy forman parte de nuestro derecho interno.

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia no ha podido sustentar ni pol�tica ni filos�ficamente la expresi�n Estado Democr�tico y Social de Derecho y de Justicia, cayendo en sucesivas contradicciones al defender la divisi�n de poderes y a la vez asumir potestades que muestran una clara intrusi�n tanto en el ejecutivo como en el legislativo.

Vista la clara injerencia de la Sala Constitucional en el Poder Legislativo, resulta incomprensible c�mo la sala no ha elevado su voz en contra de algunas leyes inconstitucionales entre las cuales se encuentra la LEY CONTRA EL DESALOJO Y DESOCUPACI�N ARBITRARIA DE VIVIENDAS, cuyo procedimiento viola flagrantemente el derecho a la propiedad cuando concreta la p�rdida inevitable de la propiedad de un arrendador a favor de un arrendatario, sin que el primero tenga la posibilidad de acceder, ni a la recuperaci�n del inmueble ni a indemnizaci�n alguna. De manera evidente este instrumento jur�dico promueve:

- Contracci�n de la oferta de viviendas en alquiler.

- Perjuicio para los ciudadanos que circunstancialmente no pueden comprar�� y que tienen que forzosamente alquilar.��

��� - El incumplimiento de contratos por parte de arrendatarios al claror de la�� fabulosa ventaja que les ofrece la ley. �

��������� - Invasiones de viviendas vac�as al interpretarse que para desalojar a alguien que, tomando como bandera su derecho a la vivienda, ocupe a la fuerza una casa, anexo o apartamento, esperando que se le aplique el inveros�mil procedimiento.

En la misma senda de la conclusi�n anterior, tambi�n tenemos una clara violaci�n al derecho� propiedad, en la no menos inveros�mil �LEY ESPECIAL PARA LA DIGNIFICACI�N DE TRABAJADORAS Y TRABAJADORES RESIDENCIALES�, en donde un(a) trabajador(a) residencial, acogi�ndose a lo que dispone dicha norma, y a lo que precept�a la �LEY CONTRA EL DESALOJO Y DESOCUPACI�N ARBITRARIA DE VIVIENDAS�, tambi�n puede apropiarse de manera inevitable para los due�os de esa habitaci�n �propietarios del edificio en Propiedad Horizontal-, del apartamento que le fue asignado para que viviera y llevara a cabo sus labores. Y no solamente eso, sino que los cond�minos del edificio adem�s de enfrentarse pr�cticamente a la p�rdida de la propiedad sobre la vivienda referida, no podr�n contratar a otro(a) trabajador(a) residencial.

El propio gobierno viola la Constituci�n cuando, en vez de promover la iniciativa privada tal y como lo precept�a la Carta Magna, elabora un Planes de Desarrollo que tienen como uno de sus objetivos, minimizar la actividad privada a favor del robustecimiento diversas formas de asociaci�n socio productivas populares con una filosof�a totalmente contraria a la empresa capitalista, desmejorando el progreso econ�mico del pa�s. Muestra palpable de esto se evidencia en la �LEY DE PRECIOS JUSTOS�, cuya promulgaci�n distorsiona la oferta, la demanda y el proceso de producci�n de bienes y servicios. Esto es as�, puesto que establecer topes en los precios, se minimiza dr�sticamente el nivel de ganancia, induciendo un cambio significativo en la variedad y calidad de bienes y servicios, que impactan el derecho de los ciudadanos a la libre elecci�n.

 

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