Reparación integral de las personas naturales inocentes que sufren daños patrimoniales, psicológicos y morales como consecuencia de la acción delincuencial

Silvio José Castellanos Herrera; Cristian Calle Wilchis; Juan Regalado Siguencia; Brenda Salazar Peralta

Ph.D., Universidad Católica de Cuenca, Extensión “La Troncal”., Ecuador , Doctor., Universidad Católica de Cuenca, Extensión “La Troncal”., Ecuador , Doctor., Universidad Católica de Cuenca, Extensión “La Troncal”., Ecuador , Estudiante de la Carrera de Derecho., Universidad Católica de Cuenca, Extensión “La Troncal”., Ecuador



Resumen

El presente trabajo se desarrolla con base en una revisión bibliográfica que incluye a la Constitución, el Código Orgánico Integral Penal, la jurisprudencia, los avances logrados en diversos eventos internacionales, las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, las disposiciones de la Unión Europea y parte de la doctrina existente, relacionados con la Victimología como moderna disciplina dentro de las Ciencias Penales. Se tocan además temas referentes a Criminología y Ciencias Penales, con el fin de optimizar la posición de la víctima en cuanto a su reparación integral, que abarque los aspectos patrimoniales, morales y psicológicos en los procesos penales. Se propone una toma de conciencia del aparato estatal, que acate la normativa internacional, a fin de llegar a una justicia restaurativa, que incluya

una eficiente indemnización patrimonial y la implantación de sistemas que promuevan la recuperación moral y psicológica de las víctimas, promoviendo escenarios de discusión para sensibilizar, tanto a juristas como a doctrinarios, respecto del tema victimológico como de fundamental importancia en la sociedad. Esto a fin de lograr un verdadero cambio normativo que resalte de manera central a la víctima en el proceso penal y no al delincuente, como tradicionalmente se realiza.

Received: 2019 July 14; Accepted: 2020 April 15

5736. 2020 ; 4(2)

Keywords: Palabras clave Criminología, Victimología, Víctima, Reparación Integral, Proceso Penal, revisión de literatura, Ecuador.
Keywords: Keywords Criminology, Victimology, Victim, Comprehensive Repair, Procesal Law.

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo se desarrolla a través de una revisión bibliográfica, que toca los temas: Criminología, Victimología, Derecho Penal y Derecho Procesal Penal, a fin de arribar a ciertas perspectivas, que vislumbren algunas alternativas que de una u otra manera coadyuven a mejorar la posición de las víctimas inocentes en la perpetración de crímenes. En esta senda, la revisión de algunos aspectos del ordenamiento jurídico ecuatoriano es obligante; ya que, es allí donde se materializan las posibilidades de reparación que tienen las personas que han sido afectadas por la acción desviada de los victimarios. Se aborda también la situación que ofrece la jurisprudencia, al claror de que es allí donde se dispone la posición final y real de las víctimas.

Es así como, para la realización de este estudio, es fundamental recurrir a fuentes que permitan el análisis desde la afectación perjudicial de las víctimas. Posterior a ello se presentarán propuestas de proyectos legislativos tendentes a solucionar la problemática en cuestión, de tal manera que se contemplen vías que no puedan ser evitadas y obliguen a los victimarios, en cuanto a la reparación del daño. De igual manera, resultarán pertinentes propuestas de proyectos de reforma constitucional, orientados a dar relevancia a las víctimas del desenvolvimiento social, con el fin de impedir su empobrecimiento patrimonial y remediar consecuencias morales y psíquica que como resultado se presentan.

Adicionalmente, es mandatorio ubicarse en el marco normativo ecuatoriano, revisando lo que prevé la Constitución Nacional en cuanto a las víctimas se refiere. Se especifican allí sus derechos de, no revictimización, reparación integral y facultades y potestades tendentes a lograr la garantía del derecho violado . Similarmente, el sistema de protección y asistencia a víctimas y testigos partícipes en el proceso penal, también se contempla en el instrumento adjetivo respectivo [†] . Lo anterior, abundado por los tópicos, daño emergente, lucro cesante, daño moral y daño psicológico, como obligaciones que no deben perderse de vista y sobre las cuales tiene derecho la víctima [‡] . Finalmente es imprescindible tomar en cuenta la jurisprudencia nacional para visualizar si existen avances en cuanto a lo comentado.

El ordenamiento jurídico ecuatoriano asienta, desde el punto de vista constitucional, penal y civil, la reparación integral de la víctima, tanto patrimonial como moral y psicológicamente, sin embargo, subyacen a estos tópicos, asuntos relevantes que deben ser atendidos. En primer lugar, un cálculo eficiente de la indemnización que satisfaga al máximo a la víctima tomando en cuenta la posible insolvencia del infractor, en segundo lugar, la forma de hacer efectivo el cobro del monto obtenido y como tercero, la implantación de sistemas que promuevan la recuperación moral, y psicológica de los perjudicados [§] .

Se comparte aquí como daño moral, el detrimento anímico con posibles consecuencias para la salud, que ubican al individuo en una situación minusvalía mental [**](Ghersi 2000 p. 130); es decir, toda afección que implique una incisión del espíritu generadora de profunda angustia, con una conmoción significativa en la estabilidad anímica del individuo; y como daño psicológico a la alteración temporal o imborrable de la armonía interna previa, de carácter anómalo, generada por un delito que produce en quien la sufre la factibilidad de pedir un resarcimiento por ese hecho, a su ejecutor [††] .

A la sazón, podemos decir en general que, a los efectos de este trabajo, es un desarreglo de la estructura psíquica de cualquier individuo, debido al impacto externo difícil de explicar en su totalidad.

MATERIALES Y MÉTODOS

Lo expuesto nos ha hecho reflexionar, que la intervención del Estado es fundamental para no dejar como inciertas las expectativas de las víctimas. De esta forma se superaría el tradicional esquema en el que los sistemas penales, casi exclusivamente, plantean una dualidad entre el gobierno y el delincuente con una lamentable invisibilidad de las víctimas, lo cual tiene su origen en el enfoque de la criminología tradicional en abocarse a la búsqueda de los orígenes del delito y en el empeño del derecho penal de únicamente hablar de protección de bienes jurídicos, concretando una anonimidad del delincuente. (Barros, Turpo; 2020)

Adicionalmente, es mandatorio ubicarse en el marco normativo ecuatoriano, revisando con detalle lo que contempla la Constitución nacional en cuanto a las víctimas se refiere. Se especifican allí sus derechos de, no revictimización, reparación integral y facultades y potestades tendentes a lograr la garantía del derecho violado [‡‡] . (Castañeda, Camargo, Lodoño; 2018). Similarmente, el sistema de protección y asistencia a víctimas y testigos partícipes en el proceso penal, también se contempla en el instrumento adjetivo respectivo [§§] . Lo anterior, abundado por los tópicos, daño emergente, lucro cesante, daño moral y daño psicológico, como obligaciones que no deben perderse de vista y sobre las cuales tiene derecho la víctima [***] . Finalmente es imprescindible tomar en cuenta la jurisprudencia tanto nacional para visualizar si existen avances en cuanto a lo comentado.

De la misma forma, el derecho procesal penal en Ecuador no muestra de manera clara una presencia de las víctimas que garantice su final beneficioso en caso de salir victoriosas, en cuanto a la posibilidad de reparación se refiere. (Camargo, Castañeda; 2019). Es así como en casos concretos, cuando la persona natural o jurídica ha sido afectada en su patrimonio, debido a la infracción realizada por un agente, que por alguna razón no puede, desde el punto de vista económico, cumplir con el pago que implica el daño causado, queda la víctima en una situación de indefensión al no poder afectar la esfera patrimonial del agresor, cuando este último no dispone de los medios materiales necesarios para acatar con lo dispuesto en las sentencias que le obligan a reparar el daño causado.

A efectos instructivos, se trae a colación el caso de un joven de 20 años [†††] , quien sin licencia, conduciendo imprudentemente el vehículo de su padre, atropelló a una deportista élite de alto rendimiento de la disciplina de triatlón, quien se encontraba circulando en su bicicleta por la misma vía, ocasionándole la muerte de forma inmediata. El conductor se dio a la fuga, sin embargo, transcurridos varios meses de una ardua investigación realizada por Fiscalía y luego de que se recabaran los elementos de convicción necesarios, dicho infractor fue llamado a juicio, pero al no contarse con su presencia el proceso no podía avanzar. Se emitió una orden de captura en su contra y, se difundió una alerta roja dirigida a la INTERPOL. Luego de seis meses, el infractor fue capturado en la ciudad de Tegucigalpa, República de Honduras, siendo extraditado a Ecuador y se le puso a disposición de las autoridades a fin de que prosiguiera el respectivo juicio.

Finalizado el proceso penal, el Juez dictó sentencia condenatoria en contra del acusado por el delito de Muerte Culposa, imponiéndosele una pena privativa de libertad de tres años y la obligación de pagar a las víctimas, la cantidad de 1.200,00 dólares por daño emergente y como reparación integral la cantidad de 514.415,37 dólares por lucro cesante y como medidas fundamentales de satisfacción y garantías de no repetición:

- La ubicación de una placa conmemorativa en el Complejo deportivo de alto rendimiento de su ciudad natal.

- La publicación de una nota de disculpas públicas tanto del deudor principal como del deudor solidario, en uno de los periódicos de mayor circulación de la ciudad de Cuenca.

- Diseño y ejecución por parte de la Agencia Nacional de Tránsito, de un curso de educación vial y derecho de los ciclistas y deportistas.

Ahora bien, el Juez recalca como principales elementos de base jurídica para dictar su sentencia las siguientes:

- La Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 63.I.

- Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, artículo 75.

- Declaración de Principios expedido por la Asamblea General de Naciones Unidas, postulados 20.d), y 21.

- Criterios vertidos por la Corte Interamericana de Derecho Humanos. (no detalla con precisión a que sentencias hace alusión).

- Corte Constitucional del Ecuador, Sentencias números 0015-09-S1S-CC del CASO Nº 0027-09-IS, y 016-10-SEP-CC, casos Nros. 0092-09-EP y 0619-09 EP acumulados.

- Constitución de la República del Ecuador, artículo 75.

- Código Orgánico Integral Penal, artículo 78.

Los derechos y criterios valorativos que contienen estas diversas bases jurídicas establecen las formas, y/o parámetros inherentes al establecimiento y concreción de las medidas adecuadas para resarcir los daños ocasionados por el infractor, teniendo como aspectos a considerar el bien jurídico tutelado, la situación social, laboral y económica de la víctima, entre otros factores, derechos que producto de un ilícito han sido fraccionados. Sin embargo, el Juez en la sentencia, previo a dictar estas medidas, hace alusión al principio dispositivo que consta plasmado como principio procesal penal en el artículo 5 numeral 15 del Código Orgánico Integral Penal [‡‡‡] , haciendo entender que él carece de iniciativa procesal.

Se evidencia luego que, tiene el ámbito adjetivo penal vigente en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, ciertos límites en la labor jurisdiccional del Juez, aspecto que podría ocasionar una traba al momento de ejecutar algunas de las medidas dispuestas en el fallo comentado, ya que el accionar del magistrado se circunscribe exclusivamente a la toma de decisiones dentro de un conflicto o disputa, es decir, tiene una actividad meramente declarativa de reconocimiento de derechos, mas no de ejecución de los mismos, pues, una vez que estos se encuentran firmes, es a la víctima o a quien le correspondan estos derechos, presentar las acciones judiciales que cristalicen ese resarcimiento.

Ahora bien, ¿qué ocurre si el victimario, como en el presente caso, un joven de veinte años, desempleado y sin bienes, por ende, sin la capacidad económica para cubrir la obligación impuesta, no cumple con lo ordenado en la sentencia? Quedaría totalmente ilusoria la posibilidad de materializar una -justicia restaurativa-, tornándose todo en meros enunciados, en simples dichos.

En el mentado proceso judicial, los derechohabientes de la víctima-occisa, por las razones indicadas, decidieron no continuar con la ejecución de la sentencia, pues sabían de antemano que no obtendrían resultados económicos a su favor, sin embargo, de ser el caso, y para hacer efectivas las medidas compensatorias (sobre todo la pecuniaria) hubiesen tenido que plantear de forma complementaria una acción judicial en el ámbito civil, esto es, deslindado por completo del Juez que dio origen a estas medidas, por consiguiente, tales pretensiones hubieran implicado el inicio de un nuevo proceso judicial, es decir, otra larga y extenuante temporada en los juzgados. A la luz de lo expuesto, ¿será entonces ésta, una visión coherente, justa, idónea, encaminada al resarcimiento eficaz del daño irrogado a la víctima?

Es obvio entonces que El Estado, a través de su sistema jurídico, en casos similares, estaría ocasionando una doble vulneración de derechos a las víctimas, a pesar de que, sin duda, existió un juzgamiento y se impuso una pena privativa de libertad al victimario. Muchos dirían que no quedó impune su conducta, pero una vez más, en realidad y de manera definitiva, la atención giró alrededor del infractor, dejando de lado la efectiva reparación a la víctima. ¿Existe entonces la utópica ´reparación integral´ de la víctima constante en la Constitución o en el Código Orgánico Integral Penal? Se está en presencia de un oxímoron. Se cristal aquí un espejismo, si en la realidad las víctimas, en primer lugar, no tienen medios para enfrentar los procesos jurisdiccionales y, en segundo lugar, si tienen medios y el ofensor no, el camino se torna desolador.

Es claro entonces que el enfoque del derecho penal y civil deja en manos de los particulares la solución de esta problemática y se llega a resoluciones de casos en los que no se asegura de manera efectiva la indemnización de la víctima [§§§] . Ahora bien, siendo que el Estado en su concepción más tradicional contempla a -la población- y a -el gobierno-, como componentes esenciales y siendo este último un subconjunto de -la población-, la condición de mandatario que asume -el gobierno-, lo hace responsable de garantizar, entre otras cosas, el bienestar de quien lo ha comisionado por administrar. Es imperante entonces, por cuestiones de justicia, equidad y humanidad, que las víctimas gocen de un status que les permita acceder a la felicidad como desiderátum de todo sistema político.

RESULTADOS

Es entonces la idea central, vislumbrar senderos en la búsqueda de una verdadera justicia restaurativa, afianzada en un soporte teórico y conceptual [****] , diferenciándola de la tradicional justicia distributiva. Al objeto de ilustrar esto mostramos a continuación el siguiente cuadro:

CUADRO COMPARATIVO.

JUSTICIA TRADICIONAL – JUSTICIA RESTAURATIVA††††



Alternate Text: CUADRO COMPARATIVO JUSTICIA TRADICIONAL – JUSTICIA RESTAURATIVA††††.
<alternatives>
JUSTICIA TRADICIONAL JUSTICIA RESTAURATIVA
Crimen definido como violación a una regla Crimen definido por la afectación a las personas y a las relaciones
Daño definido en abstracto Daño definido en concreto
Crimen visto como categóricamente diferente de otros daños Crimen reconocido como relacionado a otros daños y conflictos
El estado es visto como víctima Las personas y las relaciones son las víctimas
Estado y ofensor son vistos como partes primarias Víctima y ofensor son vistos como partes primarias
Necesidades y derechos de las víctimas son ignorados. Necesidades y derechos de las víctimas son centrales
Dimensiones interpersonales son irrelevantes Dimensiones interpersonales son centrales
La naturaleza conflictiva del crimen es obscurecida La naturaleza conflictiva del crimen es reconocida
Afectaciones del ofensor son periféricas Afectaciones del ofensor son importantes
</alternatives>
  —Melo, Ednir y Yazbek. 2008.

En otro orden de ideas, es importante destacar que el problema en cuestión es de vieja data. Principalmente, desde el año de 1973 vienen desarrollándose iniciativas significativas en cuanto a Victimología se refiere, haciendo énfasis en la indemnización de las víctimas del delito.

Sobre el particular han escrito innumerables autores, conduciendo su actividad intelectual a la creación en 1979 la Sociedad Mundial de Victimología, con las consecuentes replicaciones en diferentes países[‡‡‡‡]. Es notorio entonces cómo la víctima tomó un nivel relevante, estableciendo a la victimología como un nuevo espacio en el conocimiento[§§§§]. Por ejemplo, en 1984 se creó la Sociedad Brasileña de Victimología, así como también se introdujo la materia de Victimología en diferentes universidades latinoamericanas[*****].

En efecto, se hace ineludible estudiar el concepto genérico de víctima desde el enfoque del -Derecho de la Víctima-, partiendo del concepto: “ …las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente en los Estados Miembros…”[†††††]

Asienta la Asamblea que debe dejarse de considerar a la víctima exclusivamente desde el punto de vista dogmático penal, el cual tiende a plantear que siempre subsisten situaciones donde la víctima forma parte del hecho delictivo o que este sucede en virtud de su culpa, disminuyéndosele así, los derechos y garantías protegidas por el Estado de Derecho. Apunta luego la Asamblea, a que es necesario dejar atrás los enfoques radicales del derecho penal y darle a la víctima el lugar debido como sujeto de derecho, que detenta la legitimidad para que se le resarzan las disminuciones sufridas, tanto en su esfera patrimonial como en su integridad física y psicológica, afectadas por algún hecho delictivo.

Otro enfoque sobre -justicia restaurativa- que resulta importante mencionar, es el Tonche y Umaña, quienes indican: repetición para impedir nuevas formas de violencia y habilitar la convivencia y la reconciliación, y la seguridad jurídica y el debido proceso para sus participantes.

Tomando esto en consideración, y a pesar de las dificultades descritas al intentar definir la justicia restaurativa, es posible decir que su noción se refiere básicamente a un modelo alternativo de administración de los conflictos cuyo objetivo es reparar los daños y restaurar las relaciones afectadas por un conflicto concreto. A diferencia de lo que el modelo de justicia común hace, centrándose en el acto intencional y en su punición, nos referimos aquí a la restauración de las personas y los daños que emergen de una cierta situación problemática. Esta es considerada como su principal novedad, porque busca un desplazamiento de la atención de la justicia penal al daño causado a la víctima y a la sociedad. Grosso modo: lo más importante de este modelo es restaurar, no punir.”[‡‡‡‡‡] “ …un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (en adelante, el Sistema) bajo los objetivos de la satisfacción de los derechos de las víctimas, el establecimiento de responsabilidades de todos los participantes en el conflicto (directos o indirectos, combatientes o no combatientes).

A partir de lo dicho, el presente trabajo se circunscribe, dentro de las ciencias penales, al área de la Victimología, definiéndose esta como el estudio de las personas que han sido afectadas directamente por crímenes u otras acciones tales como homicidio, robo, violación, secuestro entre otros y que, como resultado, sufren las consecuencias de dichas infracciones. Incluye la Victimología el análisis de cómo los afectados reciben el impacto y cómo debe ayudárseles a su resarcimiento físico, moral y psicológico[§§§§§]. Ahora bien, el nacimiento de la Victimología como disciplina, tiene su origen en el descuido de la víctima por parte de la Criminología, al enfocarse esta última en aspectos etiológicos del delito y en la indiferencia del Derecho Penal al basarse casi exclusivamente en el castigo para el delincuente, desdeñando la reparación del perjuicio sufrido por la víctima[******]y se trató de igualar, con ese término una moderna disciplina que tenía como objeto estudiar a la víctima, y sus particularidades desde las ópticas, psicológica, social, moral, etc.[††††††], dejando claro las razones morales, legales y científicas, al abarcar también la incógnita de por qué un conjunto social -los delincuentes- le hace daño a otro -las víctimas-.

Sin embargo, el nacimiento de la Victimología en su parte esencial, que no es más que la reparación de la víctima desde todo punto de vista, tiene su asidero en los conceptos manejados por Garófalo (1887) en una de sus obras cumbre [‡‡‡‡‡‡]. En ella se vislumbra por primera vez un legado, para el tratamiento ideal a los individuos perjudicados por el delito y se proponen diferentes maneras de someter y tratar a los delincuentes para que sean estos mismos; sin ningún escape, quienes paguen por sus desvíos sociales, a las víctimas y al Estado que se encargará de su manutención, tomando como vías principales, tanto los bienes del infractor como su propio trabajo en obras civiles de infraestructura que beneficien a la sociedad. Así dispone él: “Los obreros condenados no deberían ser empleados más que en aquellos trabajos que el Estado tiene que realizar necesariamente, como fortificaciones, puertos, ferrocarriles, saneamiento de terrenos pantanosos y palúdicos, trabajos de toda clase en las colonias donde sean insuficientes los brazos empleados en ellas, etc., excluyendo toda idea de nuevos establecimientos industriales fundados expresamente por el Estado para hacer trabajar á [sic] los condenados”[§§§§§§]

Posteriormente, desde 1937 cuando Benjamín Mendelsohn, a través de sus trabajos concibió por primera vez el término de –Victimología-[*******], comienza un claro ascenso con altibajos en la naciente disciplina, orientado a ayudar a las víctimas y a repudiar a los delincuentes por su violencia. Desde entonces, se ha realizado una sucesión de eventos dirigidos a mantener la preeminencia de la víctima en los procesos penales. Para ilustrar, en el siguiente cuadro se mencionan los más importantes:

PRINCIPALES EVENTOS INTERNACIONALES ASOCIADOS A LA VICTIMOLOGÍA


  —Elaboración propia.

CONCLUSIONES

Desde 1885, ha existido un creciente movimiento, tanto en Europa como en América, tendente a fortalecer y dar la preponderancia debida a la víctima inocente de la acción delincuencial, a pesar de los altibajos de la Criminología, el Derecho Penal y el Derecho Procesal Penal sobre estos particulares.

Independientemente de los numerosos eventos internacionales ya señalados, se consideran como los íconos más significativos en este tránsito histórico que dieron origen al movimiento en favor de las víctimas, los siguientes:

1. La obra cumbre de Rafaelle Garófalo, “Indemnización á [sic] las víctimas de delito” (1885), que recoge los postulados fundamentales, alrededor de los cuales se ha trazado el rumbo en cuanto el trato que deben recibir, tanto el delincuente como la víctima, en la sociedad.

2. El ´Primer Simposio Internacional sobre Victimología. 1973. Jerusalén´, manteniéndose esta organización internacional, para producir los siguientes eventos[§§§§§§§]:

● 2° SIV: Boston. 1976.

● 3° SIV: Münster, Alemania. 1979.

● 4° SIV: Tokyo y Kioto. Japón. 1982.

● 5° SIV: Zagreb, Yugoslavia. 1985.

● 6° SIV: Jerusalén. 1988.

● 7° SIV: Rio de Janeiro. 1991.

● 8° SIV: Adelaide, Australia. 1994.

● 9° SIV: Ámsterdam, Holanda. 1997.

● 10° SIV: Montreal, Canadá. 2000.

● 11° SIV: Stellenbosch, Sudáfrica. 2003.

● 12° SIV: Florida. EEUU. 2006.

● 13° SIV: Mito, Ibaraki, Japón. 2009.[********]

3. El ´Convenio Europeo sobre Indemnización a las Víctimas de Delitos Violentos´. 1983.

4. La ´Resolución 40-34 de la ONU´. Declaración sobre principios fundamentales de la justicia para las víctimas de delitos y abuso de poder. 1985. En esta resolución, se establece, a nivel de las naciones unidas, por primera vez la definición de víctima[††††††††].

Como aspectos más relevantes de los múltiples acontecimientos internacionales en favor de las víctimas, se pueden resaltar las siguientes recomendaciones, a los gobiernos integrantes de la Organización de las Naciones Unidas y de la Unión Europea de Naciones:

1. Abandonar definitivamente la exclusiva relación Estado-delincuente, incluyendo priorizando los intereses de la víctima, a través de una revisión tanto de la Constitución como de todos los instrumentos jurídicos relacionadas con procedimientos penales.

2. Partir de la satisfacción plena de la víctima a la hora de tomar decisiones asociadas con la sanción penal, su ejecución o libertad del delincuente.

3. No iniciar ningún procedimiento penal que no contemple, en primer lugar, la debida reparación integral de la víctima.

4. Diseñar e implementar fondos gubernamentales para indemnizar a las víctimas, a la hora de que estas no puedan, por los procedimientos legales, lograr su reparación.

5. Asegurar al máximo, que los delincuentes cubran con sus propios medios las afectaciones patrimoniales, morales y psíquicas ocasionadas a las víctimas, y en caso de que esto no fuere posible, completar lo necesario hasta llegar a la reparación integral.

6. Garantizar por intermedio del gobierno el resarcimiento total de las víctimas cuando la afectación haya sido causada por funcionarios públicos.

7. Procurar la máxima participación del gobierno en la asistencia médica psíquica, moral y social de las víctimas.

A través de lo expuesto en este escrito, se puede aseverar que, a pesar de los adelantos cruciales que se desprenden de las normativas dispuestas por las Naciones Unidas y la Unión Europea, los mismos no se reflejan de manera contundente en los ordenamientos jurídicos de América Latina. Se habla en ellos de una supuesta -reparación integral-, sin que se establezcan medios que realmente aseguren sin más ni más, una real cristalización del derecho afectado, dejando todo casi en esperanza irrealizable. Es decir, no se vislumbra todavía una -Justicia Restaurativa-.

Por otra parte, es evidente que, en los códigos sigue siendo el delincuente el centro del proceso y no la víctima, basta ver cuántos artículos se refieren al delincuente y cuántos a la víctima, o dónde se establece de manera precisa que cualquier situación asociada al delincuente debe pasar por la intervención de la víctima. Pero si se resalta notoriamente en favor del delincuente, el debido proceso, suspensión condicional de la pena, suspensión condicional del proceso, su sitio digno de reclusión, su reeducación, su reinserción social y pare de contar, sin que haya siquiera remotamente una equivalencia de trato con respecto a la víctima. Pareciera así, que está en presencia de la época dorada del delincuente.

No se pretende resaltar el otro extremo, pero si dejar claro que el objeto central del sistema penal debe ser la recuperación total del ofendido y no la protección total del delincuente. En pocas palabras, el bienestar de la víctima debe ser condición necesaria y previa al bienestar del delincuente.

En esta misma senda, no se observa una toma de conciencia en las instituciones jurídicas, en cuanto a las nuevas funciones que tienen que acometerse por la real afectación de las víctimas, en virtud de sus derechos inalienables y por la relevancia que les ha dado la pesadumbre o la amargura del daño infligido.


*.

fn4Artículo original derivado del Proyecto “Reparación integral de las personas naturales” Finaciado por la Universidad de Cuenca extensión la Troncao en el 2019

[*].

fn5Constitución de la República del Ecuador. 2008. Artículo 78.

[†].

fn6Código Orgánico Integral Penal. 2019. Artículos 11, 445 y 446.

[‡].

fn7Código Civil de la República del Ecuador. 2005. Artículo 1572.

[§].

fn8Sandoval. 2013. p. 239

[**].

fn9Ghersi. 2000. p. 130

[††].

fn10Daray. 2000. p. 16

[‡‡].

fn11Constitución de la República del Ecuador. 2008. Artículo 78.

[§§].

fn12Código Orgánico Integral Penal. 2019. Artículos 11, 445 y 446.

[***].

fn13Código Civil de la República del Ecuador. 2005. Artículo 1572.

[†††].

fn14Sentencia expedida en el caso 01283201502662G, por la Unidad Judical Penal de la ciudad de Cuenca – Ecuador.

[‡‡‡].

fn15Código Orgánico Integral Penal (COIP). Art. 5.15 - “Impulso procesal: corresponde a las partes procesales el impulso del proceso, conforme con el sistema dispositivo.”

[§§§].

fn16Hinestrosa. 2017. pp. 5-26.

[****].

fn17Tonche y Umaña. 2017. pp. 223-241.

[††††].

fn18Melo, Ednir y Yazbek. 2008. p. 192

[‡‡‡‡].

fn19Díaz. 2007. p. 3.

[§§§§].

fn20Landrove. 1990. “Victimología”. Valencia, p. 63.

[*****].

fn21Dussich y Pearson. 2008. pp. 26-27.

[†††††].

fn22Asamblea General de las Naciones Unidas. 1985.

[‡‡‡‡‡].

fn23Tonche y Umaña. 2017. p. 232-234

[§§§§§].

fn24Dussich y Pearson. 2008.

[******].

fn25Larrauri. 1991. p. 280.

[††††††].

fn26Rivera. 1997 p. 11

[‡‡‡‡‡‡].

fn27Garófalo. 1887. “La indemnización á [sic] las víctimas de delito”

[§§§§§§].

fn28Garófalo. 1887. p. 110

[*******].

fn29Díaz. 2007. p. 3

[†††††††].

fn30Díaz. 2008. p. 36

[‡‡‡‡‡‡‡].

fn31Guevara. 2011. pp. 165-180

[§§§§§§§].

fn32Guevara. 2011. pp. 173-174

[********].

fn33El resumen de los contenidos de las agendas de los Simposios iniciales puede revisarse en:

http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/derhum/cont/65/pr/pr27.pdf

[††††††††].

fn34Resolución 40-34 de la ONU. 1985. “Se entenderá por víctimas las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente en los Estados Miembro, incluida la que proscribe el abuso de poder”

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Enlaces de Referencia

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